Llama poderosamente la atención que el Presidente de la República Alan García sostenga que no se le puede evaluar a los 100 días, y que recién se podría "empezar" a hacerlo a los 6 meses, y a "hablar de ello" a los 2 años. Con estas declaraciones, el presidente García parece olvidar algunas cosas.
Parece olvidar que al elegirlo presidente, él se debe a nosotros, y nosotros no le hemos entregado un cheque en blanco. Si bien hay que esperar un tiempo màs para realizar un balance más integral, los ciudadanos tenemos todo el derecho de evaluarlo de forma constante, y no cuando él lo decida.
Parece olvidar, además, que, en el año 2001 - como nos lo recuerda la edición de El Comercio del pasado domingo - el realizó duras críticas al gobierno de Alejandro Toledo a los 100 días: "(Y Alejandro Toledo) no lo ha hecho (satisfacer las expectativas), porque no se han tomado las decisiones ni se han señalado los rumbos correctos para poner el país a trabajar".
No será la primera vez que me encuentre en desacuerdo con el presidente. Por ello, a continuación, mi balance sobre los primeros 100 días del gobierno de Alan García.
Gobierno pirotécnico
Este término ha sido utilizado el día de hoy por la ex candidata presidencial Lourdes Flores, para referirse al gobierno aprista. Concuerdo, por primera vez en mucho tiempo, con Flores. En sus primeros 100 días, el gobierno aprista ha evitado abordar los grandes problemas, y se ha dedicado a temas básicamente mediáticos. El exagerado alarde de austeridad, la reiterada amenaza de implantar la pena de muerte (el sociólogo Julio Cotler ha señalado, irónicamente, que pronto Alan pedirá la pena de muerte para los chóferes de ómnibus), son algunos ejemplos de dicha pirotecnia.
Mientras tanto, seguimos esperando las propuestas concretas para, por ejemplo, reformar el sistema de justicia. Porque no dirán los apristas que su (afortunadamente) fallida propuesta de reducir los sueldos a los magistrados de la Corte Suprema era la gran medida para lograr la ansiada reforma. Igual sucede en otros sectores - como Salud, Interior y Educación - donde seguimos sin ver propuestas serias de reforma.
La descentralización
Mención aparte merece lo que el APRA llamó el "shock descentralista". Más que un shock, las medidas no pasan de ser una leve descarga, y es que no se han abordado temas fundamentales para llevar a cabo un exitoso proyecto de descentralización en el país. Entre ellos tenemos: la necesaria reforma de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la implementación del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, la reforma del Consejo Nacional de Descentralización, etc.
La convivencia
En el año 1956, el aprismo se alió con la oligarquía - representada políticamente por Prado - en una alianza desconcertante que fue conocida como "la convivencia". En 1963, el aprismo hizo una alianza aún más inverosímil, aliándose con el odrísmo - que los había perseguido implacablemente durante su dictadura - para bloquear cualquier iniciativa del gobierno de Belaunde.
Actualmente, parece que el APRA ha vuelto a dicho sistema de alianzas, encontrándonos frente a una nueva convivencia. Me refiero a la preocupante alianza que se ha dado entre Unidad Nacional, el APRA y el fujimorismo. Dicha alianza ha quedado demostrada no solo en la Mesa Directiva del Congreso, en el reparto de las presidencias de las comisiones, en la conformación del directorio del Banco Central de Reserva y en el nombramiento del nuevo procurador anticorrupción, sino también en iniciativas muy preocupantes como el proyecto de ley "anti ONG".
Iniciativa totalitaria
No es exagerado decir que el proyecto de ley aprobado por el Congreso con lo votos de esta nueva convivencia tiene claras características totalitarias. Vemos como el Estado - a través de una oficina que depende del Ejecutivo - busca intervenir la libertad de asociación, la libertad de contratación, el secreto de las comunicaciones, el derecho a la participación, entre otros derechos fundamentales de los Organismos no Gubernamentales. Armonizando o priorizando, el Estado quiere inmiscuirse en algo que es claramente una iniciativa privada. Con esta medida, resulta imposible no recordar el intento de estatización de la banca durante el primer gobierno de Alan García. Esperemos que, al igual que dicho intento, esta medida fracase.
Derechos humanos: Una de cal, el resto de arena
Es necesario felicitar al gobierno por el acertado nombramiento de Sofía Macher como Presidenta del Consejo de Reparaciones, órgano que se encargará de aplicar Plan Integral de Reparaciones propuesto por la Comisión de la Verdad y Reconciliación en las recomendaciones de su Informe Final. La presencia de Macher es garantía de un trabajo serio en beneficio de las víctimas de la violencia política. Este nombramiento tiene mucho mérito, pues voces importantes del gobierno - como el vicepresidente Giampietri y el congresista Mulder - se opusieron radicalmente a él. Al final primó la acertada decisión del premier Jorge del Castillo.
Lamentablemente, este hecho es la excepción en un panorama negativo para los derechos humanos en el país. Las constantes amenazas de implantar la pena de muerte, la anunciada defensa por parte del Estado de los militares con procesos abiertos por violaciones a los derechos humanos, y el ataque sistemático de la convivencia hacia los defensores de los derechos humanos, son prueba de ello.
180 días
Es cierto que todavía es muy prematuro para hacer un análisis más profundo del gobierno, y que la siguiente fecha clave serán los 180 días. Empero, les recomiendo que vayan leyendo este documento - dado al Pacto Ético Electoral por el APRA - donde están registradas las promesas para los 180 primeros días de gobierno. Así podrán ir revisando si es que vamos por el rumbo prometido. Mientras tanto, debemos seguir vigilantes.
Algunas promesas hechas por el APRA para los 180 días:
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Reducir a la mitad los sueldos de los ministros, parlamentarios, autoridades regionales y municipales, y eliminar su CTS.
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Aprobar la Ley de renovación por mitades del Congreso y la Ley contra el transfuguismo.
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Eliminar las prefecturas, subprefecturas y gobernaciones.
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Extensión inmediata de una hora adicional a la jornada educativa.
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Incluir en el Sistema Integral de Salud a las mujeres de los comedores populares, a los trabajadores informales y a los mototaxistas.
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Restituir el Ministerio de Pesquería.
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Facilitar la formación de 20 mil nuevos policías.