Esta semana hemos sido testigos de la vergonzosa elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (para leer sobre el proceso, hacer click aquí). Tres de los cuatro elegidos (la honrosa excepción es Gerardo Eto Cruz) tienen claros compromisos políticos y serios cuestionamientos a su trayectoria moral y profesional.
No basta con la renuncia de Ríos Castillo, flamante magistrado constitucional ampayado con operados de la mafia almorzando en Miraflores un día antes de la elección. La falta de transparencia durante el proceso, el irregular mecanismo de elección en el pleno, la clara intención del poder político de controlar el TC, etc. nos debe llevar a exigir que SE ANULE EL PROCESO DE ELECCION.
En esa línea se han pronunciado: Juristas (Enrique Bernales, Raúl Ferrero, César Valega, Ronald Gamarra), Comisión de Derechos Humanos, Perú 21, Rosa María Palacios, El Comercio, Instituto de Defensa Legal, Comisión Andina de Juristas, La República, Transparencia, Unidad Nacional, Alianza Parlamentaria, Partido Nacionalista.
Y también los alumnos de la Universidad Católica, de la cual formo parte. Paso a trasmitir un comunicado que está circulando (si eres alumno PUCP y quieres respaldar el comunicado, escríbeme a alberto.debelaunde@gmail.com, indicando tu nombre completo, DNI y código PUCP). Si eres de otra universidad, impulsa a tus compañeros para sacar un comunicado similar, o apoyar este.
PRONUNCIAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
EN DEFENSA DE LA LEGALIDAD Y DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Ante los últimos acontecimientos suscitados en la elección de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, los alumnos de la Pontificia Universidad Católica del Perú que suscribimos esta declaración, señalamos ante la Comunidad Universitaria lo siguiente:
1. El Tribunal Constitucional es una de las instituciones más importantes del país. Durante los últimos años, desde la recuperación de la democracia, ha constituido una fuente importante de defensa de los derechos fundamentales de las personas, seguridad jurídica y respeto de la Constitución y las normas éticas que deben caracterizar a todo ciudadano.
2. El proceso de elección de los nuevos magistrados del TC no ha respetado la trayectoria que ha tenido este organismo durante los últimos años. La Comisión del Congreso encargada de la selección de los candidatos a ocupar tan altos puestos ha hecho gala de poca transparencia, al no publicar las hojas de vida, entrevistas y demás documentos que permitirían conocer las trayectorias de los postulantes, su calidad profesional, académica y moral, requisitos indispensables que un abogado y un magistrado debe contar durante el ejercicio de una función tan importante para todos los peruanos.
3. Este proceso, plagado de estos elementos, ha tenido un final penoso y reñido con la Ley y la Ética Pública. La revelación de una reunión en la que el magistrado electo Javier Ríos Castillo departe con un condenado por corrupción -personaje que también es investigado por violaciones a los derechos humanos- así como con un procesado por pertenecer a la red de corrupción de Vladimiro Montesinos, ha terminado de transformar lo que ya era un lamentable episodio en un suceso que avergüenza a todos los peruanos.
4. A este vergonzoso suceso se suma el hecho de que la votación hecha ha sido en bloque, sin respetar que todo el proceso de evaluación fue hecho en forma individual. Asimismo, dado que la elección fue hecha sobre una terna íntegra, la salida de uno de sus miembros anularía dicha postulación. Interpretaciones legales al margen, la legitimidad de los magistrados electos ha quedado severamente mellada ante la opinión pública, por los sucesos antes mencionados.
5. Por lo antes expresado, los suscribientes de este pronunciamiento exigimos al Congreso de la República que declare la nulidad de la votación en la que fueron elegidos los 4 magistrados del Tribunal Constitucional, tanto por los vicios legales que la han acompañado como por la poca legitimidad con la cuentan los elegidos. Asimismo, expresa su voluntad de que las nuevas personas que sean elegidas como magistrados del Tribunal Constitucional respondan a los criterios de solvencia profesional, probidad y excelencia académica.