Sobre el fallo de la CIDH
La convivencia (el APRA, la derecha y el fujimorismo) está indignada con el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desde sus pasquines y canales de televisión se rasgan las vestiduras y llenan de adjetivos a la Corte. Incluso el Cardenal - líder espiritual de la convivencia - se ha unido a la cruzada, declarando que los miembros actuales de la CIDH (¿sabrá siquiera sus nombres?) no son los más idóneos para el cargo, pues "tienen una ideología cercana a la de Sendero". Poco le faltó para decir que la CIDH era una cojudez.
Pero, ¿de qué se trata este fallo? El caso en cuestión es sobre los hechos acontecidos en el penal "Castro Castro" en mayo de 1992. La Comisión de la Verdad y Reconciliación, en su Informe Final, declara que: "está en condiciones de afirmar que 42 internos del Establecimiento Penal de Máxima Seguridad "Miguel Castro-Castro" (...) fueron ejecutados extrajudicialmente por agentes del Estado, durante una operación militarizada de traslado de internos realizada durante entre el 6 y el 9 de mayo de 1992. En la referida operación también resultaron heridos centenares de reclusos".
Esta operación se llevó a cabo debido a un motín terrorista en el mencionado penal. Cabe recalcar que el Estado rechazó cualquier intervención mediadora ofrecida por diversas instituciones (Cruz Roja, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Comisión Episcopal de Acción Social), y que, para el develamiento, se utilizaron armas de guerra, incluidas granadas y explosivos. Algunos sobrevivientes indican que la policía disparaba a matar, sin importar si los reclusos estaban rendidos o desarmados. Asimismo, se les negó auxilio humanitario a los internos gravemente heridos. Incluso, se ha llegado a establecer que existía una "lista de la muerte", la cual indicaba los nombres de los reclusos que debían ser ejecutados extrajudicialmente.
Cabe destacar que, al plantearse el caso en la CIDH, el Estado peruano se allanó. Es decir, reconoció su responsabilidad en lo ocurrido, y no ejerció mayor defensa. Resulta, entonces, una actitud por lo menos esquizofrénica que ese mismo Estado el cual se allanó, intente ahora desconocer el fallo.
Queda claro, pues, que más que una simple operación policial, nos encontramos frente a un crimen de lesa humanidad. Así lo ha reconocido la CIDH en su reciente fallo, ordenando indemnizar a las familias de las víctimas. Por más que muchas de las víctimas eran activos miembros de Sendero Luminoso, los derechos humanos - aunque le duela a la convivencia - siguen siendo universales. Luego de conocer el caso, ¿a alguien le queda la menor duda que dichas familias deben ser indemnizadas económicamente?
Lo que puede ser cuestionable, y a partir de ahí se podría pedir una aclaración a la Corte, es lo referido a las indemnizaciones simbólicas. Pero es importante señalar que esto no es lo más relevante del fallo. Como bien indica el editorial del día martes del diario La República: "poner en primer plano lo accesorio para evitar discutir lo principal es una vieja táctica que fue practicada ad nauseam por el fujimorismo...". ¿Y qué es lo más relevante del fallo? La responsabilidad del entonces presidente Alberto Fujimori en los hechos narrados. Este fallo constituye otra duro golpe para él, pues constituye otro elemento más que aboga a favor de su extradición. Sin embargo, nadie del gobierno o de la convivencia se ha pronunciado al respecto. Falta establecer si se trata de un silencio cómplice o si, además, y más grave aún, ven como normal y justificable los hechos antes narrados.
Pero no nos dejemos confundir. A la convivencia no les interesa este fallo, lo que están buscando es una excusa para retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, institución que les ha resultado en el pasado, y les resulta hoy, bastante incómoda. Recordemos que la CIDH responsabilizó al Estado peruano por la matanza de los penales (ocurrida en el primer gobierno de Alan García) y ordenó reabrir las investigaciones, y ha tenido una serie de sentencias - como la del caso Barrios Altos - que acusan directamente al líder del fujimorismo. Asimismo, gracias a la CIDH, iniciativas como la de la derecha de implantar la pena de muerte no pueden ser puestas en práctica.
Como vemos dicha incomodidad con la CIDH nace de la relación que tienen los integrantes de la convivencia con los derechos humanos. Y es que la CIDH es un órgano supranacional autónomo, ajeno a cualquier presión política, y sus fallos son definitivos y de obligatorio cumplimiento. La CIDH es la garantía que tiene todo ciudadano de que sus derechos humanos serán respetados. Sin dicha institución, nos encontraríamos a merced de un Estado que ha dado innumerables muestras de no respetar, ni hace respetar, los derechos humanos de sus ciudadanos.
Por ello, es necesario que los sectores progresistas, defensores de los derechos humanos, contrarresten esta campaña. En esa línea, son positivas las recientes declaraciones del ex presidente de la CVR, Salomón Lerner, exigiendo que Alan García se pronuncie sobre el fondo de la sentencia.
Sin embargo, la campaña mediática de la convivencia continuará de forma sostenida. La única forma de evitar que está tenga éxito es convencer a la opinión pública en general de la importancia de encontrarnos dentro de la jurisdicción de la CIDH. Y esto solo será posible si se logra crear una auténtica conciencia colectiva, ausente por el momento, de la importancia de los derechos humanos y su defensa.
