¿Con licencia para matar?
(Artículo publicado el día de hoy en Punto Edu, periódico de la Pontificia Universidad Católica del Perú).
Vivimos tiempos decisivos para los derechos humanos, pues, una vez más, la pena de muerte vuelve a considerarse como una alternativa en el país. Esta vez, la propuesta va para quienes violen y asesinen niños.
Preocupa mucho el consenso político que se está generando a favor de esta medida. Dicho consenso - que duda cabe - tiene directa relación con la aún más preocupante aprobación ciudadana al proyecto (más del 70%). Pero lo más llamativo del caso, es el motivo por el cual la ciudadanía se encuentra a favor de la pena de muerte. Nadie apoya la pena de muerte argumentando el discutible tema disuasivo; la ciudadanía, más bien, la defiende para satisfacer su más primario instinto de venganza. Ojo por ojo, la Ley del Talión parece recobrar nueva vigencia en nuestro país.
Existen otros datos que merecen ser analizados. Así como hay un 70% de personas que apoyan esta medida, existe un 80% que no confía en el Poder Judicial, desaprobando su labor.
Podemos concluir de dichas estadísticas que la población no confía en dicha institución, desaprobándola mayoritariamente, y sin embargo quiere darle licencia para matar. Independientemente de la paradoja que resulta de dichos resultados, estos plantean, en mi opinión, el principal argumento en contra de la pena de muerte: la situación del sistema de justicia en el país.
Quitarle la vida a alguien es una resolución definitiva. Una vez ejecutada, no hay forma de revisarla. Esto debe ser tomado en cuenta, pues, como señala Amnistía Internacional: "todos los sistemas de justicia penal son vulnerables a la discriminación y al error". Como ejemplo, se pone a Estados Unidos, que desde el año 1973 ha puesto en libertad a 115 personas condenadas a muerte, al demostrarse su inocencia.
En el Perú - donde los pobres no tienen acceso a una defensa de calidad (hay un defensor de oficio por cada cien mil habitantes), donde la carga procesal no le permite a un juez conocer a profundidad un caso (resuelven más de quinientos casos por año), y donde existen tan serios cuestionamientos a la actuación de muchos de sus magistrados - la posibilidad de quitarle la vida a una persona inocente es muy alta. ¿Estamos dispuestos a correr ese riesgo?
Fuentes consultadas: Amnistía Internacional y Justicia Viva.


