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Considero que los cinco meses de gobierno aprista se han caracterizado por la adopción de medidas facilistas. Es decir, ninguno de los problemas afrontados se ha realizado de forma frontal y decisiva - "tomando el toro por las astas" - sino de manera tal que la población se quede contenta con lo logrado, sin haber, en realidad, cambiado mucho la situación.

Un ejemplo ilustrativo de dicho facilismo lo podemos encontrar en la primera medida que fue anunciada por Alan García en su discurso de 28 de julio: la austeridad. El presidente ha suprimido la tinta de color en las impresoras, y los cócteles en palacio ahora son con pisco regalado. Sin embargo, el presupuesto del sector Defensa, por poner un ejemplo, sigue siendo inexplicablemente alto. Sería interesante realizar un análisis de cual ha sido el real impacto de las medidas de austeridad en el presupuesto general.

Otra de dichas medidas facilistas es la mentada pena de muerte para los terroristas. Como bien lo señaló Augusto Álvarez Rodrich, director de Perú 21, en su editorial del 19 de diciembre, dicho planteamiento no es conveniente por varias razones, entre ellas (dejando de lado las de orden ético, que son fundamentales) porque su aplicación demoraría mucho tiempo, y porque el principal problema con los remanentes subversivos es que no se les puede capturar (¿a quién le van a aplicar la pena de muerte?). La mejor manera de luchar contra la subversión es acabar con una de sus causas: la exclusión. Pero, claro, eso toma más tiempo y no da tantos titulares.

El ejemplo más reciente del facilismo gubernamental se ha dado esta semana, con los resultados de la negociación con Telefónica. Frente a un proyecto de ley aprobado por el Congreso que permitía eliminar la renta básica - concepto que, me disculparán mis amigos de derecha, no se encuentra en el contrato -, el gobierno contaba con una gran capacidad de negociación con la empresa española, lo cual se pudo haber visto reflejado en verdaderos beneficios para los usuarios. Sin embargo, los resultados obtenidos parecen una broma: se seguirá cobrando la renta básica, habiéndose reducido esta en menos de un tercio. Una caricatura publicada el día de hoy en La República resume muy bien la situación:

Lo que preocupa de este facilismo al que hago referencia es que el país vive un momento atípico de crecimiento económico, el cual debería ser aprovechado para emprender las grandes reformas que se necesitan. Sin embargo, vemos a un gobierno que parece no darse cuenta de ello, enfrascado en el día a día y en las pequeñas medidas.

Espero que no nos encontremos ante otra de esas maravillosas oportunidades de desarrollo perdidas a lo largo de nuestra historia republicana. Ojalá que la navidad ilumine a Alan y compañía, y que el 2007 venga lleno de auténticas reformas.

Hace poco más de treinta y tres años, las botellas de champán se destapaban en las calles de Santiago de Chile. Los sectores más conservadores de la sociedad chilena celebraban la muerte de Salvador Allende y la instauración de un gobierno de facto presidido por el general Augusto Pinochet. Gobierno de facto que ocasionó, según cifras otorgadas por la Comisión de la Verdad chilena, más de tres mil muertos y veintisiete mil torturados. 

Ayer, día internacional de los derechos humanos, las botellas de champán volvieron a las plazas de Santiago de Chile. Esta vez, sectores progresistas celebraban el fallecimiento de Augusto Pinochet.

Creo que en ninguno de los dos casos había algo que celebrar. En el primero, Chile rompía una larga tradición democrática y se encausaba en un oscuro periodo de violación de derechos humanos. En el segundo, como bien ha señalado el escritor Mario Benedetti, la muerte le ha ganado a la justicia.  Y es que Pinochet se va sin haber respondido no solo por la masiva violación de derechos humanos durante su régimen, sino también por los millones de dólares encontrados a su nombre en cuentas en el extranjero, que tiraron abajo la fama de militar honrado que él se había achacado.

Sin embargo, creo que algo de justicia se ha logrado en el caso chileno. Recuerdo una frase del último discurso dado por Salvador Allende aquel trágico once de setiembre de 1973: "... tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo en el que la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor".  A la luz de los hechos, Salvador Allende tenía razón.

El discurso de Allende se basaba básicamente en que las reformas sociales que Chile necesitaba se podían realizar en el cause democrático, respetando las libertades. Allende luchaba contra el autoritarismo, viniese de donde viniese (lo que generó el distanciamiento de su gobierno con las fuerzas soviéticas, y las críticas de Fidel Castro). El discurso de Pinochet, por el contrario, se basaba en que el autoritarismo y la represión eran los únicos caminos para el desarrollo.

Al ver hoy a Chile, vemos que el discurso de Allende es el que se ha mantenido vigente. El desarrollo actual de Chile, si bien iniciado en los últimos años de Pinochet, se ha logrado gracias a la coalición de partidos  que gobierna el país desde el retorno a la democracia. La actual presidenta de Chile, así como el ex presidente Lagos, son ambos del partido que fundara Allende. La derecha - hija de Pinochet - no ha logrado articularse del todo,  y se ha visto obligada en los últimos años a distanciarse del dictador y su discurso.

Hoy, en el Palacio de la Moneda, hay una estatua de recuerdo a Salvador Allende. Su figura se ha convertido en un ejemplo de demócrata para toda la región. Mientras tanto, Pinochet pasó solo, y con arresto domiciliario, sus últimos días. Incluso su funeral será sin duelo y sin honores.

Algo de justicia se ha logrado. Murió el dictador, y Allende sigue vivo.

Hace poco más de un mes, el cardenal Juan Luis Cipriani volvió a utilizar el púlpito para hacer una de sus ya acostumbradas y polémicas declaraciones. En plena misa solemne, que ofició en honor al Señor de los Milagros, llamó mentirosos y asesinos a quienes promueven la píldora del día siguiente.

Que utilice su condición de máximo representante de la iglesia para plantear una agenda política es grave, pero que además se dedique a calumniar es aun más grave. Y es que el tema de la píldora del día siguiente ya ha sido zanjado: los colegios médicos, la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo han coincidido en señalar que dicha pastilla no es abortiva.

A estas instituciones, se suma ahora el Tribunal Constitucional, que, en una reciente sentencia, no solo ratifica que la mencionada píldora no es abortiva, sino que ordena que el Ministerio de Salud cumpla con distribuirla en hospitales y demás centros de salud del Estado. Como bien señala Lilia Ramírez Varela, del Consorcio Justicia Viva, "Con esto, lo que hace el TC es ratificar a la píldora del día siguiente como método de planificación familiar válido y necesario, razón por la cual debe ser distribuido en los centros de salud estatales, y sobre todo a la población más pobre".

Sin embargo, Cipriani y los sectores más conservadores de la iglesia, insistirán con el tema. Sin ningún tipo de sustento científico, sin ningún informe serio que los respalde, seguirán aprovechando la inmensa influencia de la institución a la que representan para mentir sobre el tema - afirmando que dicha pastilla es abortiva - e insultando a quienes defienden la posición contraria.

Mientras tanto, el 60% de todos los embarazos de mujeres peruanas seguirán siendo indeseados (y terminarán en un nacimiento no deseado o en un aborto inducido). Mientras el Cardenal sigue despotricando desde su púlpito contra la píldora, el aborto seguirá siendo la segunda causa de muerte materna en el Perú, y cada ocho horas seguirá muriendo una mujer por complicaciones derivadas de la maternidad.

Me pregunto entonces, ¿quiénes son los asesinos y mentirosos?

(Datos obtenidos de DEMUS)