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Escandaloso. El día de hoy el programa Cuarto Poder presentó una importante y grave denuncia: la Ministra de la Mujer, Virginia Borra, ha nombrado en importantes cargos del ministerio a activos militantes apristas y  a amigos de la familia, sin ningún tipo de experiencia para el cargo.

Copio en este espacio los casos presentados por el programa periodístico Cuarto Poder, y que han sido recogidos rápidamente por el portal de noticias Peru.com. Cabe destacar que la información fue recogida por el programa periodístico de  la documentación presentada por dichas personas a la hora de presentarse para los cargos:

• Yrma Carpio, militante aprista, fue nombrada Jefa de Informática del Parque de las Leyendas, sin haber culminado la carrera (sexto ciclo). Sólo ha realizado prácticas pre pofesionales y es amiga de Rolando, uno de los hijos de Borra.

• José Balarezo, aprista, fue nombrado Jefe Legal de los Wawawasi, pese a que recién se ha titulado y solo ha realizado prácticas de asesoría legal. Éste militante aprista ahora tiene la responsabilidad de emitir informes completos y detallados sobre la realización de programas y desarrollo de la infancia, pese a no tener experiencia en dichos temas.

• Sahad Fayad, aprista, es la Secretaria Nacional de Adopciones y pese a no tener especialización en Derecho de Familia, debe proponer políticas y programas en materia de adopción. También es amiga de la familia Borra.

• Darwin Najarro es el Jefe de tesorería del Ministerio; tampoco tiene experiencia, pero es un aprista consumado, pues hasta flamea la bandera de dicho partido en la fachada de su vivienda.

• Clodoaldo Yzaguirre es uno de los asesores de Borra y, pese a haber estudiado Economía, no posee grado académico, ni trabajo conocido desde hace 10 años. Según el reportaje, éste es dirigente aprista de la base de San Miguel y ahora utiliza un vehículo del Ministerio para movilizarse, pese a que esto está prohibido.

Luego del revelador reportaje, donde los involucrados se negaron a responder, la Ministra de la Mujer fue entrevistada por el programa periodístico. Agresiva, con muchas inexactitudes y llegando a esgrimir argumentos populistas, como el consabido "hay que darle a los jóvenes una oportunidad", Virginia Borra fue incapaz de brindar una respuesta satisfactoria al porqué de dichos nombramientos. Quedó claro, al escucharla, que en los nombramientos el carné de la estrella pesó más que la experiencia profesional.

Todos recordamos el copamiento de ministerios, empresas estatales y demás instituciones del Estado por parte de los apristas en la primera gestión de Alan García. Por ello, García prometió, el mismo 4 de junio, al salir electo Presidente de la República, que no se repetiría dicho copamiento, y que los nombramientos en cargos públicos se harían de acuerdo a los méritos profesionales de las personas. Aquí recojo un fragmento de dicho discurso: "Yo digo que esta vez tenemos que dar una demostración de amplitud. Tenemos que dar una demostración de convivencia cívica con otras fuerzas, que no se vean apetitos, que no aprovechen los seudo apristas para encaramarse en la administración publica, que no usen el carné sagrado que tuvieron los mártires del partido para pedir puestos en la administración. Esta vez trabajaremos por el pueblo y moriremos en el intento de no fallarles a los peruanos" (fuente: Partido Aprista: http://www.apra.org.pe/noticias.asp?Id=646).

Quiero creer que la intención de Alan García y su gobierno es efectivamente esa,  y que lo de la Ministra Borra es tan solo una lamentable excepción dentro del Ejecutivo. Por ello, considero que lo más saludable es exigir la renuncia de la Ministra de la Mujer Virginia Borra por estos vergonzosos hechos. El partido aprista ya nos falló una vez, y no puede darse el lujo de volver a hacerlo (y sobre todo en lo de convertir al Estado en agencia de empleos). Por lo tanto, debe hacer un radical deslinde con lo ocurrido - lo que pasa por la renuncia de la ministra - como claro mensaje al país y al resto del Ejecutivo.

Por otro lado, hay que felicitar el reportaje propalado por el programa "Cuarto Poder", que rompe con la mal llamada "tregua" dada al gobierno, criticada en este blog con anterioridad. Es importante que este tipo de investigación periodística continúe y que otros medios de comunicación sigan el ejemplo.

No podemos dejar que se imponga nuevamente la idea del Estado como botín. Para ello, y como muestra de que esto no forma parte de una política sistemática como la ocurrida en su primer gobierno, el Partido Aprista debería volver a colgar en su portal web la base de datos de sus militantes, la cual fue sospechosamente eliminada luego de la segunda vuelta electoral, la cual facilitaría la labor de fiscalización. Los ciudadanos y la prensa así lo debemos exigir.

En noviembre de 2000 nuestro país pasaba por uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. La crisis del régimen fujimorista - ocasionada por su claro carácter autoritario y corrupto - culminó con la cobarde renuncia de Alberto Fujimori, por fax y desde Japón, a la presidencia. Es en ese contexto de grave inestabilidad política que Valentín Paniagua, quien acababa de ser electo Presidente del Congreso, asume transitoriamente la Presidencia de la República.

Su mandato fue breve, más no así su obra. En pocos meses - con honestidad, honradez y mucha humildad - Valentín Paniagua logró no solo estabilizar al país y recuperar la democracia, sino que sentó cimientos importantes para una reforma profunda del Estado. En su gobierno se creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación, documento que nos da una impactante radiografía de la situación del país, y una agenda de temas pendientes para evitar que una situación parecida a la que sufrimos en las dos últimas décadas del siglo pasado.

Entendió que ninguna reforma podría prosperar si no se hacía de forma honesta y transparente. Por ello, lideró la más grande lucha anticorrupción de nuestra historia republicana. Recordemos que fue Valentín Paniagua quien dio un impulso firme - y que ninguno de los presidentes que lo sucedió continuó - a la procuraduría anticorrupción. Asimismo, creó la Iniciativa Nacional Anticorrupción, comisión de notables encargada de elaborar un diagnóstico sobre las áreas sensibles a la corrupción existente en el país.

La lista de iniciativas continúa: las Mesas de Concertación de Lucha contra la Pobreza, la Comisión de bases para la reforma de la Constitución, la Consulta Nacional de Educación, etc. El común denominador de todas ellas es la clara voluntad política de afrontar los grandes problemas del país. Todo esto lo logró convocando a un equipo ministerial de lujo, donde destacaron Javier Pérez de Cuéllar (Premier y canciller), Susana Villarán (Ministra de la Mujer), Marcial Rubio (Ministro de Educación) y Diego García Sayán (Ministro de Justicia).

Paniagua fue un demócrata a carta cabal y un hombre de una honestidad intachable, es cierto, pero lo que quiero rescatar aquí es que Valentín Paniagua fue, además, un gran reformador. Entonces, ¿cómo honrar su memoria? La mejor forma de hacerlo es retomar la agenda de reformas planteadas por el gobierno de transición, la cual ha sido abandonada luego de que Paniagua saliera de palacio.

Valentín Paniagua seguirá vivo mientras su legado se mantenga. No matemos a Valentín Paniagua, recuperemos,  - con la misma honestidad y firmeza que Paniagua tuvo - la agenda de reformas planteada por el gobierno de transición que él lideró.

Como les comentè, el dìa de ayer se realizò el plantòn contra la pena de muerte organizado por Amnistìa Internacional y apoyado por numerosas organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos. La actividad saliò bastante bien. Si bien, hubo solo aproximadamente 200 personas, la organizaciòn del evento permitiò la interacciòn con los peatones, quienes podìan expresar libremente su posiciòn frente a la pena de muerte. Cabe destacar que solo hubo dos partidos polìticos presentes: el Partido por la Democracia Social (PDS) y el Partido Socialista.

Comparto con ustedes el manifiesto que se leyò en el evento:

LA PENA DE MUERTE

UN FRACASO DE LA JUSTICIA

Hoy, martes 10 de octubre, miles de personas en numerosos países de todo el mundo celebran el Día Mundial contra la Pena de Muerte.

Las organizaciones abajo firmantes nos unimos a esta celebración ya que consideramos que la pena de muerte no es aceptable nunca. Cada ejecución constituye una violación extrema al derecho a la vida y es la máxima expresión de castigo cruel, inhumano y degradante que puede aplicar un Estado.

El debate que se ha abierto en Perú en torno a la ampliación de la aplicación de la pena de muerte para violadores de menores está polarizando innecesariamente a la opinión pública y a los actores políticos. Este debate pone en segundo plano la necesidad resolver los problemas de fondo que vive el país, como la inseguridad, la impunidad y la pobreza.

La población ve cómo se incrementa el número de violaciones y asesinatos a niños y niñas, y como los violadores no son juzgados adecuadamente ni sentenciados con la severidad que el Código Penal señala (la pena máxima para violadores de menores ya es en la actualidad la cadena perpetua sin beneficios penitenciarios y sin posibilidad de reducción de condena). Muchas violaciones quedan en la impunidad, los victimarios libres y las víctimas desamparadas. Ante esta situación la población exige, con todo derecho, seguridad y justicia.

Pero la respuesta del Estado nunca puede ser matar a los que matan. La pena de muerte sólo es una expresión de la incapacidad del Estado para encontrar soluciones al problema de la inseguridad ciudadana con medidas y políticas integrales para que se aplique la justicia en forma efectiva, se asegure el acceso de las víctimas a abogados, se promuevan la educación sexual y los programas de salud mental, para acabar con la cultura machista y discriminadora contra la mujer que existe en el país.

En un Estado de Derecho, el restablecimiento de esta medida sería una pésima señal ante el mundo y los organismos internacionales, porque se trata de un retroceso. La tendencia histórica muestra claramente que los países democráticos buscan abolir la pena de muerte en sus Constituciones.

Una vez que se ha abolido la pena capital, rara vez se restablece. Desde 1985, más de 50 países han abolido la pena de muerte en su legislación o, después de haberla abolido previamente para delitos comunes (como es el caso de Perú), han procedido a abolirla para todos los delitos. Durante este mismo periodo, sólo 4 países abolicionistas han restablecido la pena de muerte. Dos de ellos, Nepal y Filipinas, la han vuelto a abolir de nuevo. En los otros dos no se ha llevado a cabo ejecución alguna (Gambia y Papúa Nueva Guinea). Actualmente, son 129 los países abolicionistas en la ley o en la práctica.

Es falso que la pena de muerte disminuya los índices de criminalidad. Los estudios científicos realizados en torno a la pena de muerte no han podido nunca encontrar pruebas convincentes que demuestren que la pena capital tiene más poder disuasorio que otros castigos como, por ejemplo, la cadena perpetua.

En Canadá, por ejemplo, el índice de homicidios por 100.000 habitantes descendió del 3,09 en 1975, un año antes de la abolición de la pena de muerte para el delito de asesinato, hasta el 2,41 en 1980, y desde entonces ha permanecido relativamente estable.

Otro caso emblemático es el de Guatemala, junto a Cuba, los dos únicos países de América Latina que mantienen la pena de muerte para delitos comunes. En Guatemala se producen 44 homicidios por cada 100 mil habitantes, uno de los índices más elevados de la región, y, en los últimos cinco años, se han asesinado (casi siempre con previa violación sexual) a más de 2.100 mujeres y niñas.

También es falso que en nuestro país se pueda restablecer la pena de muerte, o ampliarla para casos que actualmente no están considerados, sin denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos. Si esta denuncia se efectuara, los ciudadanos y ciudadanas de Perú quedarían totalmente desprotegidos ante una eventual violación de sus derechos por parte del Estado.

Por todo esto, consideramos que la pena de muerte no es otra cosa que el fracaso de la justicia y exigimos que los homicidios judiciales del Estado se acaben en todo el mundo.

El Día Mundial Contra la Pena de Muerte ofrece a los defensores de la pena capital la oportunidad de replantearse su apoyo a esta anticuada y bárbara forma de castigo y, a los detractores, la de sumarse a nuestros esfuerzos para combatirla. Animamos a otras organizaciones que compartan nuestra posición a unirse a nuestro grupo.

Suscriben:

Amnistía Internacional, Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Demus, Forum Solidaridad Perú (PSF), Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y Paz (IPEDEHP), Instituto de Defensa Legal (IDL), Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño (GIN), Movimiento Manuela Ramos y Movimiento Ciudadano Para que no se repita (PQNSR).

Este martes 10 es el día internacional contra la pena de muerte. Este año dicha fecha cobra una especial importancia, pues existe el peligro que el Perú implemente una nueva causal de pena de muerte. Medida auspiciada por la bancada aprista, parte de la bancada de Unidad Nacional y el Presidente de la República Alan Garcìa. Existen diversos motivos para oponerse a esta medida, quiero compartir brevemente con ustedes las cinco principales razones por las cuales me opongo a la pena de muerte:

Lamentablemente la mayorìa de la poblaciòn y gran parte de clase política se encuentran a favor de esta medida. En este contexto preocupante, Amnistìa Internacional ha convocado a un plantón contra la pena de muerte, el martes 10 a las 6pm frente al Poder Judicial.

Creo que es el deber de todo defensor de los derechos humanos asitir a esta manifestaciòn. Es de suma importancia ayudar a generar una corriente de opiniòn contra la pena de muerte, explicando lo perjudicial que resultarìa la aplicaciòn de esta medida. De nosotros depende.

MATAR ES MATAR

En un artículo que publiqué el 9 de agosto en este blog (Primeros días de gobierno aprista: Algunos comentarios) hablaba de la preocupante alianza que parecía haberse formado entre el APRA y el fujimorismo. Casi dos meses después, dicha alianza es un hecho. Hay muchos sucesos que así lo demuestran (el ex abogado de Fujimori Rolando Souza preside la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Keiko Fujimori preside la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Chile, Santiago Fujimori integra la comisión de estudio de reforma del Poder Judicial, Luisa María Cuculiza es vicepresidenta del Congreso, etc.), pero en esta oportunidad me centraré en uno solo: el nombramiento del nuevo procurador anti corrupción.

Uno de los mayores logros del gobierno de transición presidido por Valentín Paniagua fue el armar un sólido sistema anti corrupción. Gracias a ello, y por primera vez en nuestra historia republicana, vimos como grandes personajes del régimen fujimorista (congresistas, ex presidentes del congreso, ministros, militares) eran procesados por sus actos de corrupción.

En el gobierno de Alejandro Toledo, los principales actores de la procuraduría anti corrupción (Jose Ugaz, Ronald Gamarra, Ivàn Meini, Luis Vargas Valdivia, entre otros) se alejaron de dicha institución por falta de voluntad política por parte del gobierno para llevar a cabo dicha labor. Pese a ello, la procuraduría siguió activa y, liderada por Antonio Maldonado, cumplió un rol serio con el inicio del proceso de extradición del prófugo Fujimori desde Chile.

Lamentablemente, esta semana, luego de una larga agonía, la lucha contra la corrupción parece haber muerto.  Así lo indica el nombramiento, por parte del Ejecutivo, de Carlos Briceño como procurador para los casos Fujimori - Montesinos. ¿Y quién es Carlos Briceño? Dejemos que sus declaraciones a la prensa luego de su nombramiento lo presenten: "Recién hoy (lunes) en la mañana tomo el cargo y conozco los casos muy superficialmente (...) los conozco por los medios de comunicación social" (CPN RADIO).

Resulta particularmente grave que el gobierno de Alan García, en vez de buscar mantener a Antonio Maldonado y su equipo de procuradores, o de buscar el retorno del equipo de Ugaz y Vargas Valdivia, o de nombrar a un abogado de reconocido prestigio y eficiencia, deciden nombrar a un desconocido. Desconocido que en su primera aparición pública, declara con total desparpajo que él, quien está asumiendo la procuraduría en un momento de vital importancia para lograr la extradición de Fujimori, conoce los casos por los medios de comunicación.

Es decir, mientras la Corte Suprema de Justicia chilena conoce y analiza los casos presentados por el Perú para extraditar a Fujimori, el abogado del Estado peruano está haciendo exactamente lo mismo. Espero que los medios de comunicación por los cuales el señor Briceño se ha informado "superficialmente" sean confiables, y lo ayuden en tan poco tiempo a conocer los más de diez cuadernillos de extradición presentados.

Ironías aparte, el tema es realmente preocupante. Ronald Gamarra, ex procurador anti corrupción, ha declarado que Briceño "es un procurador a la medida de los reales intereses de Alberto Fujimori". Y es que a este último le interesa, a toda costa, evitar la extradición. O, en todo caso, si se logra la extradición, ser absuelto por los tribunales peruanos.  Y para ambos casos le conviene tener una procuraduría débil.

No es de extrañar que ese sea el interés del prófugo ex presidente. Lo que es preocupante es que ese parece ser también el interés del gobierno. Y así lo ha expresado el recientemente renunciante procurador Iván Montoya, quien ha sido enfático al declarar que "el gobierno no quiere extraditar a Fujimori" (La República). Su renuncia se dio días antes del controvertido nombramiento, por la falta de apoyo brindado a la procuraduría por el gobierno aprista. Falta de apoyo que se refleja en indicios preocupantes, como la total ausencia del tema en el mensaje a la nación del 28 de julio, y en hechos concretos, como el nombramiento de Briceño, al cual precedió el nombramiento de un conocido militante aprista como jefe del equipo de procuradores.

Es evidente, entonces, que el pacto del gobierno aprista con el fujimorismo trasciende el fuero parlamentario y amenaza con lograr la tan temida impunidad. Resulta igual de  preocupante que sean pocos los medios de comunicación los que le hayan dado la importancia debida al tema. Por el lado político el panorama es aún más desolador: ninguna fuerza política ha elevado como se debe su voz de alarma frente a este hecho.

Insisto con lo mencionado en un artículo anterior, es obligación de la oposición política, de la prensa y de la ciudadanìa en general cumplir con su labor de fiscalización y crítica, y dejar de lado esta pasividad mal llamada "tregua política". Así lo debemos exigir.